Revista Medios y Mensajes

El respeto a la ley en la Policía y el Estado

Guillermo Cortés Domínguez

Es positivo que la Policía Nacional haya escuchado la denuncia del colega Roberto Collado, Jefe de Redacción de El Nuevo Diario (END), y que haya investigado con celeridad y sancionado fuertemente a los transgresores. Un reconocimiento muy merecido a la Policía Nacional.

La reacción de los mandos policiales ha sido contundente, no obstante, que preocupaciones profundas. ¿Cuántos más han sido víctimas de atropellos así como Roberto Collado, pero no han tenido la oportunidad de denunciarlos? ¿Y si han denunciado, cuántos y cuántas en realidad han sido escuchados? Sabemos que no todas las personas hacen denuncias y también que no todas tienen la habilidad para realizarlas adecuadamente.

Me preocupa el desprecio a la ley que mostraron estos oficiales de la Policía Nacional, sobre todo, considerarse por encima de la ley, o creerse la ley misma, lo cual es muy propio de conductas absolutistas, totalitarias y barbáricas. Pero lo peor, lo más grave, es que esto no es un fenómeno aislado, está sucediendo en varias instituciones del Estado y en distintos sectores sociales, porque el atropello a la ley se está convirtiendo en una constante. La legalidad se está transformando en algo así como una vaga y lejana referencia, o, desde otra perspectiva, en un artificio sin legitimidad. En ambos casos, ha sido despojada de su verdadero sentido justiciero.

La periodista Matilde Córdoba, de END, nos acaba de decir cómo en once ocasiones el Presidente de la República ha legislado mediante decretos, usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Vimos cómo la pequeña bancada que tras su división le quedó al FSLN en 1995, votó por la reforma constitucional que restableció la prohibición de la reelección y legisló un doble candado: contra la reelección consecutiva, y contra la reelección de quien hubiera sido Presidente dos veces.

Sin embargo, de un plumazo engañoso, el Presidente y líder de esa misma bancada supuestamente anti reeleccionista en aquél momento, en el 2010 violó la Constitución y ya es candidato a Presidente, otra vez, revelando que su comportamiento no se ajusta a principios, sino a conveniencias e intereses, y ni siquiera partidarios, sino de una cúpula y de una familia.

Se puede argüir que es legal lo actuado por los honorabilísimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Frente, pero todo mundo sabe que fue mediante artilugios y marrullas  jurídicas, aunque digan que lo hicieron para que todos los ciudadanos de verdad sean iguales ante la ley, como dice la misma Constitución, y si los demás tienen derecho a aspirar a ser Presidentes, que el actual Presidente pueda también. ¡Qué preocupados por los derechos de los nicaragüenses! ¡Qué buenazos estos tipos!

Un artículo de la Constitución sólo puede ser reformado por los diputados de la Asamblea Nacional –aunque algunos de ellos sean todo lo repudiable y condenable que se merezcan por sus muy controversiales actuaciones--, y sobre todo uno tan importante y crucial como éste, el de la no reelección, que cada vez que ha sido atropellado, nos ha llevado a la guerra. Este último pequeño e intrascendente detalle es preocupante en extremo, pero el Frente lo ignoró por completo, tal es el ansia desmedida de poder de su caudillo.

El desprecio a la ley viene desde arriba, desde la más alta cúpula, desde quienes deben dar el ejemplo, y esa mala práctica, ese autoritarismo e intolerancia, se está esparciendo, como una plaga nefasta se disemina incontrolable por todo el Estado. No importa impedir manifestaciones opositoras, no importa garrotear a adversarios del gobierno, no importa no poder reformar la Constitución desde la Asamblea Nacional. No importa que el magistrado Roberto Rivas esté apropiándose ilegalmente de millonarios recursos públicos.