con Costa Rica
Guillermo Cortés Domínguez (*)
Me referiré, para comenzar, al segundo grave error, pues Managua debió aceptar desde el inicio la propuesta del Secretario General José Miguel Insulza, quien demandaba a ambas partes retirar sus fuerzas policiales y militares a fin de crear condiciones para el diálogo. Como se sabe, la propuesta incluye el retorno a la Comisión Binacional. ¿Acaso no es eso lo que nos interesa? Sentarnos a platicar para dirimir las diferencias. Nicaragua se quedó estacionada en una posición inamovible, mientras la situación evolucionaba y Costa Rica tendía una red de adherencias que nunca detectó la representación oficial nicaragüense en la OEA, la que fue a una votación sin haberse dado cuenta de que la tenía perdida. Craso error diplomático.
¿Y por qué retirarnos si nuestras tropas están en territorio nicaragüense? Pues para contribuir al inicio de las conversaciones, no para renunciar a nuestra soberanía. En toda negociación se debe ceder. Es imposible ir a un escenario de este tipo con posiciones inflexibles, porque así no se llega a ningún lado. Además, tal retiro sería sólo de un área muy específica y aislada, que no impediría continuar la salvaguarda del Río y la lucha contra el narcotráfico. Pero lo fundamental se habría obtenido: sentar a Costa Rica, y con el apoyo político de la OEA, para dirimir los aspectos causantes de la controversia y, de acuerdo a la resolución de la Corte de La Haya y a los laudos Cleveland y Alexander, precisar de una vez por todas por dónde demonios va la línea fronteriza. ¿Cómo aparecemos ahora? Como derrotados en una resolución apoyada por 22 países. Ese es el saldo real. El Presidente Ortega despotrica torpemente contra varios países y los acusa de conspirar, para ocultar la miopía, la intolerancia y el fracaso.
Pero no nos llamemos a engaño, más temprano que tarde, en la eventual mesa negociadora de la Comisión Binacional, habría salido el asunto de fondo –como tendrá que salir en su momento--, y que tiene que ver con la primera mala jugada del gobierno: no establecer una comunicación adecuada con Costa Rica a fin de crear condiciones para que no surgieran contradicciones en relación al dragado de nuestro Río San Juan, o al menos para prevenir o disminuir los conflictos que previsiblemente desataría esta acción necesaria y urgente para recuperar la navegabilidad de nuestro río en toda su extensión. Y no es que haya que pedir permiso a los costarricenses para dragar el Río de total soberanía nicaragüense, sino que, por la proximidad, hay que tomarla en cuenta, en dependencia de algunas situaciones, tal como lo determinan los laudos Cleveland y Alexander, aunque esto no pueda gustar a mucha gente.
El punto No. 4 del tercer Laudo Cleveland, establece que Nicaragua puede hacer trabajos (dragado), para mantener libre la navegación del Río, y para que no se obstruya la Bahía de San Juan del Norte. Añade que Costa Rica no tiene que pagar dichos gastos, aunque las mejoras sean para beneficio común. El numeral 6 dice que San José no puede impedirle a Managua la ejecución de tales obras dentro de su propio territorio, pero señala que no debe haber afectaciones en territorio costarricense so pena de indemnización.
Y es aquí donde entra a debate otro aspecto fundamental: ¿cuál es la línea fronteriza?, porque el gobierno tico al parecer está interpretando que el dragado podría afectar su territorio, lo cual no es nada descabellado, ya que el objetivo de esta limpieza del Río, es volverlo navegable, lo que implica, por un lado, que áreas secas o pantanosas que se han venido formando en el último siglo, y que ahora están en la margen derecha, erróneamente serían consideradas suyas por el gobierno de Laura Chinchilla, y de ahí el reclamo de que tropas nicas habrían “invadido”. Al volverse navegable el Río y con ello ocupar su lecho histórico, parte del territorio desecado desaparecería, y eso podría considerarlo San José como “una pérdida”.
Es decir, el legítimo y necesario dragado del Río, que es propiedad exclusiva de Nicaragua, introduce algunas complejidades que deben ser tratadas de la manera más transparente, responsable y profesional por ambas partes. El numeral 9 del Laudo Cleveland establece que Costa Rica puede negar a Nicaragua el derecho de desviar las aguas del Río San Juan en caso que de ello resulte destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde ese país tiene derecho a navegar en el mismo. Y no se asusten. Tal es de delicado el asunto.
La clave no está en la altura del Río, sino en el lecho, de modo que si gracias al dragado el San Juan volviera a ocupar el cauce que tenía en 1958 o similar, Costa Rica no tendría nada que reclamar, aunque le pareciera que pierde un territorio hasta hace poco seco o pantanoso, que creía era de su propiedad. Es decir, la línea divisoria no cambia pese a las transformaciones por sedimentación ocurridas en el último siglo. Además, es previsible que el dragado produzca que menos agua engrose el costarricense Río Colorado, lo que afectará los intereses de ese país. ¿Debe Nicaragua responder por ello? Yo preguntaría: ¿Costa Rica respondió a Nicaragua por el aumento de flujo de agua del San Juan hacia el Colorado, inducido por el dragado que realizó?
Costa Rica también tendrá ventajas por el dragado del San Juan. Pero todo eso debió ser platicado con antelación. Además, al frente de semejante obra debería estar un especialista. (*) Editor de la Revista
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