sábado, 11 de diciembre de 2010

Gobierno obligado a defensa intachable 
del Río San Juan

Guillermo Cortés Domínguez


La unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía e integridad territorial, no significa ignorar los desaciertos del gobierno, del que debería ser “nuestro gobierno”, de todos los nicaragüenses, pero que se comporta como el régimen de un partido, de un sector. Cuando se expresa el Presidente Daniel Ortega, no lo hace como un estadista, por su visión partidista y autoritaria. Desde su perspectiva, debería haber una adhesión ciega a toda su actuación, de lo contrario, se traiciona a la patria. Ya sus medios oficialistas han hecho, una y otra vez, este tipo de temerarias y peligrosas acusaciones. Su máxima es: si no estás conmigo, sos mi enemigo.

Pero está equivocado el gobierno si pretende que los ciudadanos le extendamos un cheque en blanco. ¡Al contrario! La defensa de nuestro indiscutible Río San Juan demanda que el gobierno actúe con sabiduría y perspicacia. Es una obligación para con toda la sociedad. Hasta ahora, no ha tenido ni la mínima humildad y autocrítica para cambiar de rumbo, tras el estrepitoso fracaso en una OEA donde todo el mundo sabía hacía dónde apuntaban los hechos, menos el representante de nuestro país, que fue a una votación aún sin contar siquiera con los votos de sus aliados estratégicos del ALBA. ¡Qué bochorno!

Es un tremendo disparate que el Presidente Ortega convoque a cadenas de radio y televisión –con corte del cable incluido—y exija unidad nacional, mientras tiene de fondo la bandera del Frente. Oficialmente no exige su foto en las instituciones públicas, pero está en todas ellas, en cientos de oficinas y pasillos, en afiches, volantes, murales y plegables multicoloridos que empapelarían ambos lados de varios kilómetros de un alto muro de burda propaganda; y en otras, más descaradamente aún, en sus exteriores vemos banderas y todo tipo de simbología efeeselenista que confieren a ministerios y entes autónomos la imagen de cuarteles generales de un partido político. Y en el INATEC, a la entrada de su oficina principal, frente al Bertha Calderón, un gran cartel con la imagen de Daniel Ortega, da la bienvenida a los visitantes. Todo esto es prohibido por la ley, pero la pareja presidencial, se limpia con ella. Y adicionalmente, con desparpajo inaudito, hacen propaganda de la reelección utilizando el Río San Juan.



Peor aún es el discurso patriotero que trata de exaltar los ánimos, sus apelaciones a un nacionalismo reaccionario, a los instintos, a las emociones más primitivas, para provocar descargas irracionales, comportamientos súbitos, conductas violentas; en vez de dar explicaciones detalladas para informar adecuadamente a la población y que actuemos en base a criterios, racional y juiciosamente, con toda nuestra capacidad intelectual tensionada frente a la necesidad de defender intereses nacionales, de dialogar y de llegar a acuerdos.

También perjudica la unidad nacional toda la clandestinidad que está rodeando el dragado, pues una obra tan compleja requiere de diagnósticos de impacto ambiental que no se conocen. Está al frente un veterano guerrillero que sabe de la pesca del tiburón, pero no de hidrología, geología y ecología. Se requiere de especialistas en múltiples áreas. Además, una obra tan compleja y de tantas implicaciones no se licitó entre empresas especializadas.

¿Por qué el gobierno todavía no ha informado en detalle al pueblo de Nicaragua en qué consiste la operación de dragado del Río San Juan? Es cierto, a cuentagotas nos han dicho, por ejemplo, que será en 33 kilómetros y que costará entre dos y cuatro millones de dólares. Ya pasaron cuatro meses y no se ha explicado los alcances de la limpieza. ¿Por qué el asunto se maneja con misterio? ¿Por qué no nos han enseñado un mapa y sobre él, explicado en qué consistirá la limpieza del río, qué caños incluye, qué territorios afecta?  Sólo ha habido referencias apresuradas y superficiales, y la pretensión de incendiar los ánimos.

Edén Pastora ha dicho que la desembocadura no puede ser en Río Colorado, sino en la bahía de Punta Castilla, como lo establece el Laudo Cleveland. También ha afirmado: “Vamos a recuperar nuestra soberanía, salvar nuestra dignidad porque es una vergüenza que el agua del Río, que nosotros decimos ‘San Juan es nuestro’, se vaya a territorio costarricense por el Río Colorado”. El flamante “Comandante Cero” está en lo cierto. ¿Y cómo el gobierno de Nicaragua esperaba que San José se mantuviera callada si el impacto del dragado, por lo que dice Pastora, será brutal para los ticos, independientemente de nuestro derecho a recuperar en su totalidad el Río San Juan?

Debería haber un plan binacional para un aprovechamiento conjunto, en vez de pelear, como lo plantea el Consejo Nacional de Universidades (CNU), mediante carta del 16 de noviembre de Telémaco Talavera a la presidenta del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE), Dra. Yamileth González: "(…) las Universidades de Costa Rica y Nicaragua hemos conversado alrededor de aunar esfuerzos para potenciar la zona fronteriza entre nuestros países y convertirla en una zona de oportunidades para nuestros pueblos hermanos, en donde podamos compartir nuestra cultura, conocimientos, saberes, tecnologías y demás,…”. Eso debe ser: una zona de oportunidades, y no la oportunidad para sonarse la madre entre vecinos. Pero, por su naturaleza autoritaria, al gobierno le cuesta negociar. Se cree omnipotente y todopoderoso.

Es casi imposible que el dragado del Río San Juan no tenga un impacto en el país vecino, pues parte de la cuenca está del  lado costarricense. Tener soberanía y completo imperio sobre el Río San Juan no significa que podamos hacer lo que querramos con él. En los laudos se establece el derecho de Nicaragua a dragar, y también el de Costa Rica a no salir perjudicada. Por eso no debemos asustarnos si La Haya para el dragado. Ante las preocupaciones de San José, el gobierno de Daniel Ortega actuó con viveza de ratón, a las escondidas. El canciller Santos le dio seguridades, sólo de palabra,  de que no habría afectaciones, a su homólogo costarricense, y los ticos se calmaron, pero en cuanto comenzó el dragado, desde su perspectiva, iniciaron los perjuicios, y estalló el escándalo. 

Ahora grita Daniel ante el nuevo embajador iraní que Nicaragua tiene el derecho de construir un canal. ¡Es cierto! ¿Qué ánimos quiere inflamar? ¿Por qué no explica que uno de los laudos establece que para ello debe consultar a Costa Rica? Se nota el manejo irresponsable, las medias tintas, la falta de transparencia, el alarido, el descuido de las relaciones internacionales, las ofensas a otros países cuando se necesitan aliados. El pueblo de Nicaragua debe pedirle cuentas a este gobierno, el cual está obligado a defender cabalmente nuestro territorio y soberanía, lo que hasta el momento está haciendo muy mal.

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