Revista Medios y Mensajes

LEGALIDAD O NO EN EL NOMBRAMIENTO DE AMINTA GRANERA

¿Que si Aminta Granera ha tenido un desempeño aceptable como Jefa de la Policía? Por supuesto, incluso con sus blandenguerías que la ha llevado a un trato desigual cuando los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil han pretendido manifestarse en las calles. ¿Que es preferible que ella continúe en el cargo y no algunos de sus subalternos? Es posible.

Pero nada de eso justifica que se viole la ley, lo cual se está haciendo común, y, además, hay colegas que lo justifican solo porque es decisión de su partido. Aquí no se trata de ver las cosas con un lente que enfoque lo personal, tampoco con otro que vaya hacia lo partidario. Se trata de la institucionalidad de Nicaragua, de la legalidad, de la vigencia que deben tener las leyes, del respeto al sistema jurídico que norma el quehacer de los funcionarios públicos y de la población. Los primeros no pueden hacer más que lo que las leyes les especifican, y los segundos, pueden proceder a todo cuanto la ley no les prohíba, es decir, los raseros son distintos para ambos.

El numeral 1 del artículo 88 de la Ley 228 de la Policía Nacional, establece que el Director de Policía ejercerá sus funciones durante cinco años que se vencen el 5 de septiembre, por tanto, se viola la legalidad al prorrogar le jefatura de la Primera Comisionada Granera. Se viola también la Constitución Política de la República en sus artículos 130, 182 y 183, que establecen, entre otros aspectos, que ningún funcionario tiene más facultades que las que le señala la ley, y la ley señala cinco años de vigencia en el cargo, no más, y no hay chance para una prórroga pero ni de un día.

Al aceptar continuar en el cargo, como lo decretó ilegalmente el Presidente Ortega, convierte a Aminta Granera en cómplice de violación a la ley de su propia institución, la Policía Nacional, con lo cual atenta contra la institucionalidad y el profesionalismo; y también se implica en una violación a la Constitución Política de la República. En los últimos cuatro años, el Presidente Ortega ha violado varias veces la Constitución, siendo las transgresiones más conocidas, haber pasado por encima del doble candado constitucional que prohíbe la reelección, así como prorrogar la vigencia en sus cargos a funcionarios cuyos períodos se vencieron. En ambos casos también fue pisoteada la Asamblea Nacional.

Y así vamos, de violación en violación, hasta que nos acostumbremos al irrespeto a la ley, ya no nos importe nada y vivamos en el caos. Hay colegas que no se preocupan por estas barbaridades jurídicas y políticas, porque proceden del partido de su simpatía, pero no debería ser así, porque esto perjudica a toda la sociedad. La legalidad debemos respetarla todos. No se trata de que lo hagan unos y no otros. No se justifica. La legalidad y la institucionalidad son parte de los mecanismos de la sociedad para sujetar al poder a determinadas normas que hagan posible la convivencia social.

La población entrega el poder en las urnas, pero no lo entrega todo, o lo que entrega, es dentro de un marco jurídico de pesos y contrapesos, para que el poder no se exceda y no caigamos en el autoritarismo y la dictadura. Así que en el fondo, cuando se violenta la legalidad, está en juego el futuro del país. Por tanto, vale la pena preocuparnos y estar del lado del respeto a la ley, no importando quién o quiénes sean los violentadores del orden público. 

Guillermo Cortés Domínguez